La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Mariana Gagliardi, cuestionó duramente la resolución del Gobierno de Jorge Macri que obliga a comercios y servicios de delivery a organizar la espera y el retiro de pedidos sin ocupar el espacio público. A través de una publicación en la red social X, la funcionaria sostuvo que “la Ciudad necesita orden, pero también gestión y respuestas sociales”, y vinculó la medida con las políticas del Ejecutivo hacia las personas en situación de calle y los vendedores ambulantes .
La norma, identificada como Resolución 112/SECOU/26 y publicada el 28 de octubre en el Boletín Oficial porteño por la Jefatura de Gabinete que lidera Gabriel Sánchez Zinny, alcanza a restaurantes, tiendas, depósitos y mercados, así como a repartidores en bicicleta o moto y a las plataformas digitales . El anexo establece que las tareas de preparación, espera, retiro y despacho deben realizarse de manera que el espacio público no sea utilizado sin autorización para ampliar la capacidad operativa del local. Uno de los puntos centrales es que la falta de espacio interno no será, por sí sola, justificación válida para ocupar irregularmente la vereda .
El texto también precisa que la inexistencia de una relación laboral o contractual directa entre el comercio y el repartidor no impide vincular la ocupación del espacio con la actividad del establecimiento. Para fiscalizar, los agentes podrán considerar la presencia de repartidores aguardando pedidos, el ingreso y egreso de mensajeros y las señalizaciones que indiquen áreas de espera . Gagliardi apuntó contra el enfoque oficial al señalar que la medida no viene acompañada de un esquema de infraestructura de espera o apoyo para que comercios y trabajadores puedan adecuar su operatoria .