Los jubilados y pensionados volverán a las calles este miércoles para realizar su habitual marcha frente al Congreso Nacional, en reclamo de aumentos en sus haberes y mejores condiciones laborales. En esta ocasión, la movilización contará con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), quienes se suman a la protesta antes del paro general convocado para el jueves 10 de abril.
En un comunicado, la CGT expresó su apoyo a la marcha, destacando las principales demandas del sector: “Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social”, señaló.
El reclamo por un aumento en las jubilaciones se enmarca en un contexto de creciente malestar por la falta de ajustes y la difícil situación económica que atraviesan muchos jubilados y pensionados en Argentina.
Controversia sobre el operativo de seguridad
La marcha de este miércoles también está marcada por una controversia judicial. El juez Roberto Gallardo prohibió a las fuerzas federales intervenir en el operativo de seguridad de la manifestación, lo que dejó el control del mismo en manos del Gobierno porteño. Esta decisión fue tomada tras un amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio de judiciales UEJN.