La empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, anunció que empezará a cortar el servicio de los usuarios que tengan deudas en sus cuentas. Es, de todos modos, una práctica que ya venía llevando a cabo en el último mes. Aunque desde Aysa afirman que los cortes no son totales, sino que se deja un flujo mínimo, las entidades de defensa del consumidor advierten que de todos modos puede llegar a cortarse el abastecimiento en los hogares, algo que está prohibido por ley, y que los usuarios ya están registrando.
Así lo confirmaron el 6 de noviembre pasado Martín y Verónica, que viven en un PH en Villa Pueyrredón. Ese día amanecieron sin agua en su casa, «de la canilla salía un hilito mínimo», describen. Creyeron que era un corte programado por reparaciones. A las horas se quedaron completamente sin suministro, porque no llegaba el agua al tanque. Fueron a ver el medidor y encontraron un precinto. «En Aysa no te atienden por teléfono y levantaron todas las oficinas de atención al cliente, solo queda la central, en el centro en la calle Riobamba. Al día siguiente tuve que ir hasta allá, no me querían atender porque no tenía turno web previo. Así descubrimos que nos habían cortado el agua por error, porque los medidores estaban cruzados, era una deuda que tenía el vecino», relatan. Hasta que lograron que la empresa subsanara el error, pasaron cinco días sin agua.
A la caza de morosos
Aysa informó que comenzará a aplicar cortes en el suministro de agua para usuarios que registren hasta dos períodos consecutivos impagos de sus facturas, si bien recibirán tratamientos diferenciados los usuarios residenciales y no residenciales (como industrias, comercios). Los primeros cortes estarían enfocados en los usuarios que registren deudas mayores. Antes de proceder al corte, Aysa notificará al titular del servicio de la intimación de pago. Según datos que proporcionó la compañía, esta disposición afectaría a unos 700.000 usuarios morosos, en un contexto donde la factura del agua se cuadruplicó en lo que va del año.
Para tener presente: un reciente informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet calculó que desde diciembre de 2023 a la fecha la tarifa de agua aumentó un 305 por ciento, pero también subió la boleta de luz un 189 por ciento y el precio del gas un 564 por ciento y el del transporte público un 601 por ciento. Esta situación lógicamente dejará a usuarios en mora ya que ninguna de las fuentes de ingreso de la sociedad creció lo suficiente.
La cantidad de usuarios en mora alcanza al 16 por ciento de los domicilios que forman parte de la red. La empresa tiene la facultada para restringir o cortar el servicio por falta de pago de acuerdo al artículo 81 de su Marco Regulatorio, aunque no lo habían hecho valer hasta el momento. Bajo el actual gobierno de Javier Milei, y de cara a una posible privatización del servicio de agua y cloacas, el criterio dominante pasó a ser el equilibrio económico-financiero de las empresas (y el Estado).
Facilidades de pago
“Que en este momento donde las familias enfrentan un aumento de costos en todos los servicios que la empresa esté intimando para proceder al cobro de deudas nos preocupa, porque debería tener ciertos recaudos respecto de la afectación que podría generar”, sostuvo Pedro Bussetti, titular de la Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), al ser consultado por este diario. “Sería conveniente que Aysa ampliara y difundiera el Programa de Tarifa Social que permite a los usuarios obtener descuentos importantes para regularizar su deuda, respecto al monto, los intereses y recargos. Nosotros estuvimos difundiendo este programa durante todo el año para los usuarios residenciales -muchos de los cuales tenían deuda-” agregó.
Página/12 se comunicó también con Ana Carolina Herrero, Defensora del Usuario, quien detalló que el Programa de Tarifa Social está destinado a hogares y a entidades de bien público. El primer caso es de Tarifa Social de los Hogares, y se puede acceder para tener un descuento en el pago mensual, en la deuda o la conexión. Estos hogares unipersonales deben tener ingresos inferiores a dos jubilaciones mínimas. También existe el llamado Caso Social, que está destinado a hogares en situación social crítica en el cual el usuario residencial no paga nada. Por otro lado está la Tarifa Social Comunitaria (para entidades como clubes, asociaciones sin fines de lucro, etc.) por el cual se accede a un descuento de 30 a 35 por ciento mensual.
Herrero puntualizó respecto al tratamiento de las deudas: “Para el caso de Hogares, una vez que reciben la primera factura con Tarifa Social (es decir que ya entró en el programa), debe solicitar el tratamiento de deuda por la web de AySA y se le tomará el total de cada factura adeudada sin intereses en hasta 24 cuotas, que no pueden superar cada una el valor que abone el usuario en su factura actual”. En el Caso Social, cuando las personas pueden afrontar pago alguno mensual, “se le condona toda la deuda”. Por último, en la Tarifa Social Comunitaria “se le deja el 50 por ciento de la deuda al valor original en 12 cuotas”, comentó la Defensora. Vale reiterar que ninguna de estas aclaraciones fue realizada por la empresa o difundida por funcionarios del Gobierno.
Tipos de usuarios
En cuanto a la distinción por tipo de usuario, el Marco Regulatorio de Aysa establece que solo se podrá aplicar un «corte total» a los usuarios no residenciales, como comercios, industrias, bancos, etc. En tanto, para el consumo residencial habla de una «restricción» al servicio a través de la colocación de un precinto que limita la presión del agua. En tanto que en el caso puntual de hospitales, sanatorios y cárceles -sean públicos o privados- la facultad de corte como de restricción no podrá ser aplicada.
En relación a la “restricción”, Claudio Boada, presidente de La Unión de Usuarios y Consumidores, consideró que “teniendo en cuenta que el nivel de presión en muchas zonas del Gran Buenos Aires es muy bajo, la reducción del caudal con precinto termina siendo en realidad una interrupción del servicio para los hogares”. “El acceso al agua y cloacas es un derecho humano básico y como tal debería ser respetado”, agregó Boada.
Por otro lado, hizo un llamado de atención respecto a la facturación del agua: “Aysa pierde casi la mitad del agua que genera en sus plantas potabilizadoras en el camino de ese agua a las casas, debido a la deficiencia en las cañerías que transportan el agua. Y la empresa no tiene una una política de reconstrucción de estas cañerías”. Desde la política pública es preciso nivelar las exigencias de pago con el reclamo por mayores inversiones. “Estudios internacionales, y para Argentina también, realizados luego de la pandemia mostraron que por cada peso que se invierta en obras de infraestructura o agua se ahorran seis pesos en salud pública”.
Sin embargo, continuó Boada, “la política de Aysa es únicamente que todo recaiga en precio que paga el consumidor: ya que la tarifa se cobra por volúmen de agua producida, aunque se pierda en el camino”. Asimismo responsabilizó a la empresa por no intensificar canales de comunicación. “Esta decisión no tuvo una difusión general como para incidir sobre la morosidad de las personas, tampoco se disponen lugares donde atiendan a los clientes porque el cierre de las oficinas en todo el Gran Buenos Aires es sistemático”, agregó. Los canales vigentes son exclusivamente a través del portal web de la compañía.