En la jornada de este martes, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció la conclusión del proceso de renuncia por parte de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares, en relación con los fondos contemplados por la ley 21.950 que facilitaba el acceso a aportes estatales.
¿QUÉ OTORGABA LA LEY A LOS OBISPOS?
La anterior legislación empezó a regir en el país el 1° de enero de 1979, cuya iniciativa fue creada y firmada por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, José Martínez de Hoz y Carlos Pastor. La ley, otorgaba a los arzobispos y obispos una asignación mensual mientras estaban en funciones del 80% de la remuneración de los jueces nacionales de Primera instancia.
Si bien, la medida se confirmó este martes, las renuncias se empezaron a tomar a partir del 26 de abril de 2023. “El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley“, informó la CEA en un comunicado de prensa.
Por otra parte, debido al movimiento “Iglesia y estado, asuntos separados”, desde el 2018 la Institución histórica decidió renunciar de manera progresiva a los fondos estatales” y por esta razón que en julio de 2020 “los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE).
Hay que destacar que este aporte estatal cubría solamente el 10% del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres, pero en el resultado general, no causaba gran diferencia.